Luego de ver el expediente voluminoso de unas 3,662 páginas que instrumentó la PEPCA en el denominado caso «Calamar», llama la atención el hecho de que varios de los mencionados decenas de veces no fueron imputados penalmente por la participación activa que el propio Ministerio Público señala tuvieron en entramados mafiosos de corrupción contra el Estado dominicano.
La PEPCA está obligada a dar una explicación con la cual pueda fundamentar y justificar esas omisiones y exclusiones sospechosas que pudiesen provocar todo tipo de especulaciones y congeturas, y desligitimar la lucha contra la corrupción que lleva a cabo.
El pueblo dominicano espera respuesta y la PEPCA las debe ofrecer. Porque nadie, absolutamente nadie, independientemente del nivel que ocupe en la pirámide social del país y el arraigo de sus apellidos en la sociedad debe ser privilegiado o protegido por la justicia dominicana. La PEPCA está obligada a evitar exclusiones de manera que sean los jueces del sistema de justicia penal los que decidan los niveles de participación o no participación de los imputados. La PEPCA está a tiempo de rectificar.
Leonardo Jaquez, director
Be the first to comment