Unos 380 haitianos indocumentados viajarán este viernes a la frontera dominicana con Haití para pasar a su país de manera voluntaria, tras ser desalojados por las autoridades de la comunidad Mata Mosquito, cercana a la turística zona de Bávaro, en la provincia La Altagracia.
La barriada de Mata Mosquito, donde convivían dominicanos y haitianos, fue objeto el martes y el miércoles de la acción de organismos migratorios y militares de República Dominicana, que destruyeron casuchas, la mayoría de ellas compuestas por zinc y madera.
El activista dominicano de derechos humanos Santiago Molina afirmó a EFE que el desalojo se ejecutó sin una orden judicial, aunque destacó que a los desplazados se les permitió salvar todos sus ajuares.
«No se notificó a nadie, de un momento a otro llegaron (autoridades de Migración y militares) a desalojar haitianos y algunos dominicanos de una manera arbitraria, ilegítima, aunque no se produjeron incidentes», dijo.
Explicó que es uno de los organizadores del retorno a Haití de los indocumentados haitianos a través de autobuses que, aseguró, han sido rentados por la Embajada de Haití en Santo Domingo.
Dijo desconocer el destino de otros haitianos desplazados tras la demolición de sus casuchas por máquinas pesadas. Estimó que en lugar residían unas 400 familias.
«Los militares, policías y agentes de migración permanecen en la zona para evitar que vuelvan los asentamientos», precisó.
Apuntó que no es cierto que Mata Mosquito fuese una «cueva de delincuentes» que se diseminó «falsamente» en redes sociales y en otros medios y aseguró que en el lugar convivían «pacíficamente» haitianos y dominicanos.
El 30 de marzo pasado, una organización nacionalista encabezó una marcha al sector de Hoyo de Friusa, contiguo a Mata Mosquito, para denunciar la «masiva» de haitianos indocumentados.
La marcha concluyó con incidentes entre la policía y manifestantes, pues algunas personas intentaron, precisamente, llegar hasta Mata Mosquito y el permiso de las autoridades no lo contemplaba.
Respetan la dignidad
El Gobierno dominicano dio inicio en octubre un amplio operativo de deportación de haitianos indocumentados y el lunes 21 de abril comenzó a detener a las parturientas haitianas que acuden a los hospitales dominicanos, una acción criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como por el Gobierno haitiano.
Ante las críticas, el Gobierno dominicano afirmó este jueves, en una rápida respuesta a su homólogo haitiano, que las repatriaciones de ciudadanos de este último país en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley.
La Cancillería aseguró que las deportaciones se realizan con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad «irrenunciable» del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
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